Foro Penal ante la segunda parte del Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela
Caracas, 16 de julio de 2020
La ONG defensora de Derechos Humanos Foro Penal, se pronunció sobre la segunda parte del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidas (ONU), relacionado a Venezuela, presentado el 15 de julio de 2020.
Alfredo Romero, Director Presidente de la ONG destacó que el informe ciertamente expone situaciones muy graves de violación a los derechos humanos que alarman tales como, torturas detalladas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. “Sin embargo, extraña que no se refiera al aumento de presos y detenidos políticos, y a la negativa de liberarlos, tomando en cuenta que la urgencia de la liberación de presos políticos en Venezuela se encuentra en el mandato de la Alta Comisionada de Derechos Humanos establecido en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Nro. 42/25 del 24 de septiembre de 2019”, precisó.
Romero recordó que muchos de los familiares de dichos presos políticos se reunieron con Michelle Bachelet cuando vino a Venezuela el año pasado “y no solo sus libertades no se han producido, sino que sus condiciones de detención y de salud han empeorado. Tal es el caso, por ejemplo, de los médicos José Alberto Marulanda y Williams Aguado, cuyos familiares se reunieron con la Alta Comisionada, quien se comprometió a reclamar sus libertades. Sin embargo, el informe no se refiere a que dicha situación continúa”, alertó.
Por otra parte, hay casos como el de Carlos Aristimuño, quien Romero indicó que “todavía se mantiene como preso político, pese a que existen opiniones del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que exigen su libertad y el Estado venezolano, incluyendo a los tribunales, han hecho caso omiso a las mismas. “Observamos que el informe de Bachelet de este 15 de julio, no indica nada al respecto, siendo que se trata del uso del sistema de justicia como mecanismo de persecución política”, manifestó.
SIN RESPUESTA NI GARANTÍAS
El Director Presidente de Foro Penal indicó que tanto el informe, como las declaraciones de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ante la ONU, se enfocan mucho en la supuesta cooperación entre el Estado venezolano y los representantes de Bachelet en Venezuela, “pero de ningún modo se indica cómo dicha cooperación no ha servido, al menos hasta ahora, para aliviar o revertir la situación de las víctimas actuales y eventuales, ni que cese la represión política, incluyendo torturas, desapariciones forzosas y detenciones con fines políticos”, expresó.
Para Alfredo Romero, las víctimas y la sociedad civil deben ser el foco de cualquier colaboración del Estado venezolano, “más aun cuando el propio informe de Bachelet se refiere a graves violaciones a los Derechos Humanos. No puede convertirse la participación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela en una relación estrictamente bilateral y cordial con el gobierno, sin resultados concretos para los ciudadanos”, aclaró.
Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, Director Vicepresidente de la organización, concuerda en que el presente informe presenta graves omisiones: “Esperábamos que el informe del año 2020 hiciera seguimiento a las 23 recomendaciones que fueron formuladas al Estado venezolano en el reporte del año 2019, y esto no ocurrió. No se menciona en ninguna parte que el Estado venezolano no cumplió ninguna de las recomendaciones previas y, sin embargo, en este nuevo informe se formulan 21 recomendaciones nuevas, sin garantía alguna de que estas nuevas recomendaciones se vayan a cumplir. No parece que hubiese continuidad en el análisis de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, y los dos informes, el de 2019 y el de 2020, parecen completamente desvinculados el uno del otro”, dijo.
Como ejemplo, Himiob recordó que pese a que fue exigido textualmente en el informe de 2019, “hasta la fecha todavía no se ha imputado a ninguna persona o funcionario militar, así como no hay cuenta sobre un proceso de investigación exhaustivo e imparcial para determinar los responsables de la masacre del 22 de febrero de 2019 en la Comunidad indígena Pemón de Kumarakapay, donde fueron asesinados 3 indígenas. Nada se dice de la masacre de Canaima de diciembre de 2018, que solo se menciona como referencia en el informe ACNUCDH 2020 como referencia, pero sin precisar detalles sobre el avance de esta investigación. El informe nada dice sobre la criminalización y hostigamiento a líderes indígenas, sobre los allanamientos ilegales a comunidades, sobre la instalación de equipos militares en territorios indígenas sin consulta previa e informada a la comunidad, ni sobre el aumento significativo de funcionarios militares nacionales y extranjeros, así como civiles extranjeros, en territorios indígenas”, detalló.
Himiob recordó además, que en que el informe de 2019 claramente se hacía referencia a la existencia de persecución por motivos políticos. “En el informe de 2020, sorpresivamente, este concepto desapareció. Lo más que se hace es señalar que se han producido arrestos arbitrarios o “ilegales”, pero no se confirma que dichos actos, que son violaciones graves a los Derechos Humanos que además se han incrementado desde 2019 hasta ahora, hayan sido por motivos políticos. En este sentido, el informe de 2019 era mucho más claro y no dejaba lugar a dudas, mientras que sobre este tema el informe de 2020 presenta ambigüedades y retrocesos. No se evalúa con profundidad el fenómeno ni se destaca el hecho de que la persecución política se ha agravado en 2020, especialmente desde el decreto de Estado de Alarma en marzo de este año”, señaló.
Por último, el abogado defensor de Derechos Humaos lamentó que casos sumamente graves, como el de Antonia Turbay y otros similares, ni siquiera fuesen mencionados en el informe de 2020. “Antonia Turbay, por ejemplo, tiene boleta de excarcelación desde hace un año, y el SEBIN se niega a darle la libertad. Tenemos 13 indígenas presos por motivos políticos, dos adolescentes privados de libertad por motivos políticos, y otras 30 mujeres en la misma situación, y nada de esto se menciona en el informe pese a que toda la información sobre estos casos, y otros de igual gravedad, fue suministrada a la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada que está en Venezuela. Es una contradicción que en informe de 2020 se diga que las mujeres tienen limitaciones en el acceso a la justicia en materia de violaciones a los Derechos Humanos, por razones de género, pero a la vez no se diga con respecto a estas mujeres que están siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos”, manifestó.
Prensa Foro Penal
Foto tomada del Archivo
