Foro Penal: En Venezuela existen tres tipos de presos políticos (Informe)

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FORO PENAL VENEZOLANO PRESENTA BALANCE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA  HASTA JUNIO DE 2016

Foro Penal: En Venezuela existen tres tipos de presos políticos

Luego de las declaraciones de la ex jueza  Susana Barreiros, responsable del encarcelamiento de Leopoldo López, y  quien es hoy Directora de la Defensoría Pública, donde señala que  Venezuela es un ejemplo del respeto a los derechos humanos, el Foro  Penal Venezolano presentó su informe sobre la “Represión del Estado  Venezolano de enero de 2014 a junio 2016”, (disponible a través de la  página web de la ONG https://foropenal.com y remitido a la Asamblea  Nacional), donde señala que, con la llegada del gobierno de Nicolás  Maduro, la represión ha aumentado. Las cifras de detenciones políticas  y de casos de tortura por estos mismos motivos se multiplicaron. Desde  febrero de 2014 hasta junio del 2016 se registraron 5.853 detenciones,  arrestos o personas encarceladas de manera arbitraria, y el Foro Penal  ha registrado formalmente 145 casos de torturas y tratos crueles e  inhumanos. Al día de hoy 96 personas están tras las rejas por motivos  políticos y 1.998 se mantienen con medidas restrictivas a su libertad  de diversa índole luego de haber sido detenidas y liberadas.

“El número de personas detenidas por motivos políticos va en dramático  aumento. Sólo para que se tenga una idea, en junio de 2016 hubo 1.600  detenciones políticos y desde enero  hemos registrado 2.013  detenciones por motivos políticos”, aseveró Alfredo Romero, Director  Ejecutivo de la ONG.

 “Algunas personas son liberadas, pero no tarda el gobierno en  encarcelar a otras, a lo que hemos calificado como el ‘efecto de la  puerta giratoria’, lo que significa que el gobierno estratégicamente  encarcela a unos mientras libera a otros. En la actualidad existen 96  presos políticos, pero desde enero de 2014, 5.853 personas han sufrido  el encarcelamiento por motivos políticos, unos por días otros por  meses otros por años”, precisó Romero.

Desde 2014 el Foro Penal Venezolano ha registrado y documentado 145  casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La  mayoría de estas infracciones ha estado a cargo de funcionarios del  SEBIN y de la GNB. A pesar de las denuncias que se han realizado,  ninguna ha progresado. “En el caso de Jaime Yéspica, por ejemplo, la  única persona detenida, de las más de 15 que le desfiguraron el rostro  a golpes en Aragua por participar en una protesta, quedó libre el  miércoles pasado. El caso de Gerardo Carrero y Daniel Morales, presos  en el Helicoide, son claros ejemplos de tortura, y claros ejemplos de  la impunidad que prevalece. Habiéndose denunciado las descargas  eléctricas, las golpizas, o los colgamientos por horas, que constan en  las actas de los tribunales, los jueces y fiscales se hicieron de la  vista gorda. Así puedo quedarme horas contando caso por caso,  sufrimiento por sufrimiento, vejación por vejación, sadismo y maldad  contra mujeres, hombres y hasta niños.”

El informe del Foro Penal indica que Venezuela es el país con la mayor  cantidad de opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones  Arbitrarias desde 2014, donde se indican expresamente casos de  detenciones por motivos políticos e incluso torturas.

 

Tipología de los presos políticos

El Foro Penal Venezolano ha determinado que en Venezuela existen tres  tipos de presos y detenidos políticos, en virtud del objetivo o motivo  de su detención:

1. Aquellos individuos presos o detenidos por representar  individualmente una amenaza política para el gobierno, por tratarse de  líderes políticos o sociales. En estos casos el objetivo de la  detención es excluir a la persona del mundo político, neutralizar su  capacidad política, aislándolo del resto de la población. (Ej.  Leopoldo López y Antonio Ledezma, líderes de la oposición política y  presos políticos desde hace más de dos años el primero y más de un año  el segundo).

2. Aquellas personas que son detenidas, no por representar una amenaza  política individual para el poder, sino por ejercer sus derechos  constitucionales contra la “línea” oficial o por ser parte de un grupo  social, tales como estudiantes, defensores de derechos humanos, jueces  o militares, que resulta incómodo para el poder, con el objeto de  impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos (por ejemplo, el  derecho a la manifestación pacífica) o para intimidar específicamente  a ese grupo social (Ej. Daniel Morales, estudiante opositor, o Marcelo  Crovato, abogado defensor de DDHH).

3. La tercera categoría está conformada por aquellas personas que no  representan una amenaza política para el gobierno ni de forma  individual ni como parte de un grupo social, pero son utilizados como  justificación de una campaña mediática o de la propaganda política  oficial.

“En esta última categoría entran quienes son perseguidos o  encarcelados para justificar la narrativa oficial, la versión que  interesa al poder, que sistemática e invariablemente se construye  sobre determinados hechos de trascendencia nacional o sobre  situaciones en las que el gobierno y sus representantes buscan eludir  sus responsabilidades, atribuyéndoselas a terceros”, indicó Gonzalo  Himiob Santomé, Directivo de la ONG.

“Se trata de personas que son instrumentalizadas por el poder, que son  estigmatizadas con todo el peso mediático oficial y con el uso del  sistema de justicia como arma de intolerancia como responsables de  delitos que no han cometido o de fallas que solo pueden ser atribuidas  al mismo gobierno y a sus representantes. Son los ‘chivos expiatorios’  del sistema de intolerancia y de impunidad que se ha enseñoreado en  Venezuela”, señaló Himiob Santomé.

En esta categoría, según la ONG, entrarían por ejemplo los comisarios  Vivas, Forero y Simonovis, y los funcionarios de la PM aún presos como  supuestos “únicos responsables” de los sucesos de abril de 2002, o  Manuel Morales, dueño de la cadena de supermercados “Día a Día”, quien  fuera detenido con el objeto de colocar sobre sus hombros, y sobre la  de los empresarios privados en general, la responsabilidad de la  escasez de alimentos, que es consecuencia directa de erradas políticas  públicas, y para apuntalar la versión oficial sobre la existencia de  una supuesta “guerra económica”.

“También hemos observado una constante muy preocupante: La del  sistemático uso de los procesos penales no como herramientas para  alcanzar la justicia verdadera o para determinar la verdad de los  hechos, sino como armas de castigo”, señaló Himiob. “Los procesos  penales se eternizan, duran años sin finalizar, y mientras tanto,  contra lo que pautan las leyes vigentes en Venezuela, se mantiene a  las personas sometidas a medidas de coerción personal indefinidas e  incluso, en muchos casos, privadas de su libertad de “manera  preventiva” por lapsos de tiempo que superan con creces los legalmente  permitidos durante el proceso. En algunos casos –finalizó Himiob- ni  siquiera se respeta la orden de excarcelación emanada de los jueces,  lo que evidencia que la intención de estos procesos es la de servir,  por sí mismos y a despecho de la verdad, como castigo”.

Actualmente, 1.998 personas, casi todas ellas relacionadas con  protestas o manifestaciones contra el poder, se encuentran con medidas  restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, sin haber sido  condenadas, y 96 se mantienen (por condena o por orden judicial) tras  las rejas. El 9 de junio de 2016, 20 personas fueron detenidas en  Aroa, Estado Yaracuy. A pesar de haber sido decidida su liberación  bajo fianza, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades  procesales.

 

Ver Informe completo

 

 

Fuente: Foro Penal Venezolano