REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA ENERO-FEBRERO 2026
REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN POLÍTICA EN VENEZUELA ENERO-FEBRERO 2026
RESUMEN EJECUTIVO
CONTEXTO
El 3 de enero de 2026 se produjo un quiebre político en Venezuela con la captura y extracción de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense ejecutada en Caracas denominada «Resolución Absoluta». Desde entonces, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha promovido una narrativa de reconciliación, ofreciendo excarcelaciones masivas y una Ley de Amnistía. Sin embargo, persisten la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial. Este informe sintetiza los principales hechos ocurridos entre el 3 de enero y el 24 de febrero de 2026, a partir de la información recopilada por nuestra organización Foro Penal.
SITUACIÓN GENERAL Y CIFRAS DEL FORO PENAL
De acuerdo con nuestros registros, al 24 de febrero de 2026 se contabilizan más de 573 personas catalogadas por nuestra organización como presos políticos, pese a haberse verificado 436 excarcelaciones desde el 8 de enero y 109 libertades plenas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el 19 de febrero de 2026.
La información verificada hasta la fecha señala que un número significativo de excarcelados permanece bajo medidas restrictivas de libertad o sin que sus derechos hayan sido plenamente restituidos.
EL ANUNCIO DEL 8 DE ENERO Y LAS EXCARCELACIONES
El 8 de enero, Jorge Rodríguez, desde la Asamblea Nacional, anunció que un grupo importante de venezolanos y extranjeros serían excarcelados, afirmando que es un gesto unilateral del gobierno bolivariano, para afianzar la decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República. Sin embargo, pese a estas declaraciones, el Foro Penal verificó que sólo 42 personas fueron efectivamente liberadas ese día 8 de enero, con nuevas excarcelaciones parciales los días subsiguientes. Para el 17 de enero, el registro ascendía a 270 liberaciones verificadas, y al cierre de este reporte, a 436 excarcelaciones y 109 libertades plenas. Aunque hubo avances, persiste la falta de transparencia en los listados oficiales y la ausencia de criterios jurídicos claros para estos procesos.