Tribunal militar en Carabobo envía a 54 personas a cárcel 26 de Julio de Guárico
Sentada en una cómoda silla está la juez sexto de control militar del circuito penal castrense del estado Carabobo, Luz Santafé, y detrás de ella están dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con sus armas de reglamento. A esta sala, escoltados por uniformados, entran en grupos quienes han sido detenidos durante la última semana tras la activación del Plan Zamora en esta región. Cincuenta y cuatro personas han sido enviadas tras las rejas en la cárcel 26 de Julio, en Guárico.
Los imputados prefieren no declarar. Se quedan callados durante la audiencia a la que asisten tras cuatro días de incomunicación con familiares e, incluso, de sus abogados. “Con tanta intimidación son pocos quienes ejercen su derecho constitucional a defenderse ante el juez”, dijo Luis Armando Betancourt, coordinador estadal de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).
El drama que se vive en Carabobo no es solo de los detenidos. Son varios los sitios de reclusión de los 251 aprehendidos (de acuerdo con la cifra aportada por el mayor general Jesús Suárez Chourio, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral el viernes). Algunos están en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), otros en policías municipales, y unos cuantos en destacamentos de la GNB. En cada uno de esos lugares hay activistas del FPV alertas ante cualquier traslado al tribunal militar, instancia negada a permitir la comunicación con los abogados, según denuncia la ONG.
Hasta 12 horas bajo sol esperan los defensores junto a los familiares para que les den el listado de quienes serán presentados. Durante la audiencia, detalla Betancourt, los alegatos de los abogados no son tomados en cuenta y, cuando insisten que se trata de un tribunal sin competencia para estar frente a civiles, la respuesta es que en el Código Orgánico de Justicia Militar está previsto que el delito de rebelión pueda ser usado contra civiles. “Pero eso no es así”, asegura el vocero del FPV.
Hasta este lunes, 8 de mayo, ya 77 carabobeños han sido presentados ante la juez Santafé con el aval del fiscal 15 del circuito penal militar de la región, Nidal Mahmud. De ellos, 23 han recibido medidas cautelares sustitutivas de libertad; todos ellos son mayores de 40 años. Los 54 que fueron trasladados a Guárico son menores de 35 años, en promedio.
El viernes 5 de mayo comenzaron las imputaciones. Ese día se celebraron 30 en la sede del Comando de Zona de la GNB en Valencia. El sábado se hicieron 19 más en el mismo lugar. Pero el domingo, cuando familiares, con más de 48 horas durmiendo y esperando en plena vía pública, vieron que un autobús de Transcarabobo salió del sitio pensaron lo peor: quienes abordaban la unidad serían llevados a un sitio de reclusión. Pero el destino era el comando de la GNB ubicado en Ciudad Chávez, un urbanismo construido por el Gobierno al sur de la capital carabobeña. Ahí fue mudado el tribunal y se presentaron a 28 personas más.
Para este lunes estaba fijada la imputación a un grupo de 40 personas. A las 4:45 pm aún no había comenzado. A esa hora apenas se estaban tomando los datos de los abogados. El acto del sábado, con 19 detenidos la juez tardó desde las 11:00 am hasta las 6:00 pm. El domingo duró 12 horas y terminó a las 2:00 am. “Con esta audiencia de 40, si cada imputado decide declarar, que es su derecho, podríamos estar ahí por tres o cuatro días”, señaló Betancourt.
Además de ser un procedimiento ilegal, las audiencias han estado marcadas por irregularidades. A Antonio Marval, abogado penalista integrante del FPV, se le ve preocupado. Él ha estado como defensor de algunos de los lotes de detenidos. “Todos están siendo juzgados en grupos, sin importar si fueron detenidos por violentar la propiedad privada en saqueos o durante manifestaciones de calle que son legítimas”.
Detalló que los delitos imputados en todos los casos son: instigación a la rebelión y vilipendio a la Fuerza Armada Nacional (FAN). “El primero da pena de cárcel entre 4 a 10 años y expulsión de las FAN, eso no es aplicable en civiles. Y el segundo se trata de ofensas a cuerpos militares“. Entre los defendidos de Marval se encuentran los 19 presentados el sábado, “todos fueron a acusados porque se les incautaron tres piezas de jamón. ¿Dónde hubo vilipendio a la FAN ahí o rebelión? Los delitos en ese caso son otros, y le corresponde a una instancia civil determinarlos”.
También le correspondió, junto con Betancourt, defender a un señor que fue detenido justo en el momento que se acercó a un comando de la GNB a preguntar por su hijo aprehendido. Y hay vicios determinantes como la firma, por una sola persona, de un acta policial en representación 8 funcionarios actuantes. “Eso es forjamiento de un acta y es un delito, porque se trata de un documento fundamental como prueba para que el juez tome una decisión”.
Marcha opositora
Durante la mañana de este lunes la dirigencia opositora en la región marchó desde cinco puntos de la Gran Valencia hasta la sede de la Procuraduría General. Ahí entregaron un documento en el que exigieron el respeto al debido proceso y el cese de lo que llamaron un experimento que se realiza en Carabobo para ser instaurado en todo el país con el Plan Zamora.
Mientras tanto, en medio de la pobreza económica de los habitantes de Ciudad Chávez, la juez Santafé sigue imputando a carabobeños.
Fuente: Efecto Cocuyo.