Comunicado: ¡Venezuela no puede quedar desamparada!

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Comunicado: ¡Venezuela no puede quedar desamparada!
Rechazamos la medida estatal de expulsión de la OACNUDH de Venezuela
 

(Caracas, 19 de febrero 2024). Organizaciones sociales y de derechos humanos, comités de víctimas y de la sociedad civil, queremos expresar nuestro más profundo rechazo al cese temporal de las funciones técnicas dela Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y la expulsión de los oficiales que venían cumpliendo estas funciones en el terreno, desde el año 2019.

Sobre los hechos, la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue efectiva a partir de 2013, y las graves violaciones de derechos humanos por las políticas de represión del Estado ocurridas durante las manifestaciones pacíficas entre los años 2014 y 2017 en todo el país, aumentaron la atención sobre la situación de Venezuela por parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a cargo de las Naciones Unidas (ONU), al cual debieron acudir con mayor regularidad las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de protección, justicia y reparación.

Desde ese momento, el ACNUDH tuvo un papel destacado en la presentación de informes documentados, objetivos, exhaustivos y contundentes acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, advirtiendo sobre la gravedad de sus patrones, que luego se convirtieron en una emergencia humanitaria compleja de gran escala. Las evidencias de los patrones, junto con políticas de criminalización, persecución y amenazas al espacio cívico, dieron lugar a que el Consejo de Derechos Humanos extendiera mandato al ACNUDH para el seguimiento de Venezuela.

Tras su visita al país en 2019, la ACNUDH, acordó con el Estado venezolano la instalación de una oficina técnica en el terreno (OACNUDH-Venezuela), mediante una carta de entendimiento, cuyas acciones primordiales fueron desde entonces: 1) la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos de la ONU; 2) el apoyo a la sociedad civil; 3) la asesoría técnica y formación a las instituciones del Estado para la reforma del sistema judicial, en normativas garantes y acordes con los estándares en derechos humanos; y 4) la evaluación continua y de manera creíble de la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno, incluyendo visitas in loco de Procedimientos o Relatores Especiales de la ONU.

De la presencia de esta oficina técnica del ACNUDH en Venezuela destacan dos objetivos aceptados por el Estado venezolano: “Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos, mediante el establecimiento de una estrategia de alerta temprana, que incluya el desarrollo de un mecanismo conjunto de remisión de casos individuales de violaciones de los derechos humanos a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes” y “Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos  humanos”.

 

 

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