Exigimos cese la persecución contra trabajadores que reclaman derechos

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Exigimos cese la persecución contra trabajadores que reclaman derechos

 

La detención de tres trabajadores de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) Leonado Azocar, secretario de trabajo y reclamos, Juan Cabrera, representante laboral y Daniel Romero, delegado sindical, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS), por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la madrugada del 11 de junio muestra una vez más el claro patrón de persecución sindical que desde hace años ejecuta el gobierno venezolano. Una política de Estado que abarca múltiples acciones con el objetivo de debilitar y disminuir la capacidad de acción de los y las trabajadoras del país para defender sus derechos.

Los tres trabajadores detenidos participaban en una huelga que exigía la discusión de un verdadero convenio colectivo de trabajo en su empresa, la estatal Siderúrgica del Orinoco. La huelga es un derecho constitucional y su ejercicio debe ser no solo respetado, sino garantizado por el Estado. La respuesta del gobierno fue acusarlos de terroristas. Nuevamente para el gobierno quien defiende sus derechos humanos laborales comete delito.

Los sindicalistas fueron presentados ante un tribunal penal el día 13 de junio y se les imputó los delitos de boicot, asociación para delinquir e instigación al odio y se les impuso como lugar de reclusión un centro de detención en Caracas alejado de sus familiares y compañeros de labores.

Esta política sistemática de represión sindical ha sido condenada por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo que señaló que las detenciones de trabajadores que protestan por sus malas condiciones de trabajo siempre han tenido el objetivo de impedir, disuadir o reprimir la realización de actividades sindicales.  La OIT ha exigido al gobierno “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro” (Informe de la Comisión de Encuesta, 2019:230).

 

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