‘Puertas giratorias’ para los presos del chavismo

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Maduro ha encarcelado a 1.550 opositores por motivos políticos desde que ascendió al poder

La revolución bolivariana, a la caza de tuiteros

El reino orwelliano de Nicolás Maduro

El sospechoso «suicidio» del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el destierro a Madrid del joven dirigente estudiantil y premio Sajarov Lorent Saleh han recordado a la opinión pública uno de los capítulos más oscuros en la América Latina de este siglo: la Venezuela bolivariana suma 234 presos políticos, de los que 156 son civiles y 78 militares, 200 hombres y 34 mujeres, según la última estimación del Foro Penal, que es asumida por la OEA y trasladada a Naciones Unidas.

Desde el acceso al poder de Nicolás Maduro en 2013, 1.550 personas fueron encarceladas por motivos políticos, de los que 228 están hoy privados de libertad, tres a la espera de conseguir fiadores para abandonar la cárcel y otros tres en «admisión de hechos» a la espera de sentencia. Entre los arrestos domiciliarios destaca el caso de Leopoldo López, que porta un grillete electrónico en su tobillo y es custodiado por la policía política, que le toma cuatro fotografías diarias y que también le graba vídeos cuando le parece oportuno.

La gran novedad en lo que va de 2018 es la embestida gubernamental contra los militares, y no solo a los propios uniformados, sino también contra sus parejas, familiares o amistades. «La persecución contra los militares ha aumentado porque el gobierno tiene bastante miedo a lo que sucede dentro de los cuarteles«, resume para EL MUNDO Gonzalo Himiob, director del Foro Penal. «Las privativas de libertad de efectivos militares en el último año, que incluye a cadetes, soldados, sargentos y oficiales de comando es una manera vil e inescrupulosa del gobierno de responder a uno de los escenarios que más teme: la implosión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana«, confirma Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.

La represión es hoy más sofisticada. Basta recordar el caso del general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa y militar clave en el fracaso del golpe de estado contra su compadre Hugo Chávez en 2002. Baduel cumplió una condena por corrupción de casi una década en la prisión militar de Ramo Verde, pero cuando iba a recuperar la libertad fue acusado de traición a la patria y trasladado a la siniestra sede de la policía política, donde permanece incomunicado. Algo parecido ocurrió hace dos semanas con dos de los cuatro tenientes de la Armada liberados tras cumplir cuatro años de prisión, quienes fueron detenidos cuando solo llevaban unas horas de libertad. Sus compañeros pudieron huir. «El mensaje que manda el gobierno a los militares es evidente: contigo (y con los tuyos) puedo hacer lo que me dé la gana«, subraya Himiob.

Casos como el del cirujano José Alberto Marulanda, en Ramo Verde desde mayo. Su delito: ser compañero sentimental de una militar acusada de conspiración. «Marulanda no puede escuchar por el oído izquierdo, perdió la sensibilidad en sus pulgares y su nervio radial está dañado como consecuencia de las torturas que ha sufrido en prisión», denuncia el Foro Penal.

La persecución ha arreciado, pero también las pequeñas victorias conseguidas por el trabajo de las organizaciones de derechos humanos a las que se ha sumado la presión internacional. Gracias a ambos ya sólo queda un menor en las mazmorras del Sebin y se ha disminuido a dos quienes continúan encarcelados pese a tener boletas de libertad emitidas por jueces, que llegaron a ser más de una veintena. Son las «puertas giratorias», que nada tienen que ver con las españolas: unos presos salen pero otros les reemplazan de inmediato.

«La presión sirve, funciona, pero los presos políticos en Venezuela son una moneda de negociación. El gobierno lo maneja de forma astuta, incluso a los que sacan de la cárcel con bombos y platillos los mantienen condicionados con amenazas», resume Himiob.

Los prisioneros políticos más antiguos, cinco policías condenados por los sucesos en torno al golpe del 2002, ya han cumplido 15 años en prisión. Los más recientes, como el diputado Juan Requesens, también viven un panorama lleno de oscuridad. «Con su captura el gobierno justifica su narrativa del supuesto atentado de agosto contra Maduro, le sirve para victimizarse y sustentan así la nueva ola represiva. El poder no tiene ningún interés en la verdad», concluye el director del Foro Penal.

«Yo los perdono«, declaró el primer mandatario en junio al iniciar el proceso que bautizó como la reconciliación nacional. «Creo que el perdón es necesario para avanzar en un estado superior del espíritu nacional», redondeó Maduro.

¿Y en el futuro más allá de los discursos? «Los presos políticos van a seguir como un mecanismo para callar a la disidencia y para poder generar control social y la desarticulación de cualquier liderazgo social y político que se oponga al gobierno. Liberar a unos y apresar a otros, para que la cifra en definitiva siga aumentando», sentencia Nizar El Fakih, abogado defensor y director de la ONG Proiuris.

 

 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/10/24/5bcf3269468aebc6728b461e.html