REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. AÑO 2020

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RESUMEN EJECUTIVO

La represión política en Venezuela se continua aplicando de manera sistemática en Venezuela. Sin embargo, el año 2020 se caracteriza por represión más selectiva que masiva. En vista de las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID 19 las protestas disminuyeron y en consecuencia también el número de “detenidos políticos”. En el año 2020, hubo un total de 421 personas verificadas por el Foro Penal como “detenidos políticos”. Este número es el menor de detenidos políticos desde el año 2014, que en total, hasta el final del 2020 suma un total de 15.668 detenidos políticos desde el 2014.

El año 2020 cerró con una cifra de 351 “presos políticos”. Entre estas personas se encontraban 13 indígenas de la etnia Pemón del estado Bolívar, 124 funcionarios militares, 26 mujeres y 2 adolescentes. En cuanto a los indígenas, llama la atención sus graves condiciones de salud, y que a pesar de la solicitud de atención médica realizada por el Foro Penal ante el tribunal de la causa, desde junio de 2020, y la orden dictada para el traslado de todos ellos a un hospital, desde noviembre de 2020, ello no se ha producido. precisamente, ya habiendo finalizado este reporte, el 3 de enero de 2021, falleció uno de los 13 indígenas de nombre Salvador Franco, siendo que su gravísima situación de salud habíamos denunciado, incluso públicamente. Según Certificado de Defunción emitido después de la autopsia, Salvador Franco murió a causa de edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica.

Con la muerte de Salvador Franco son ocho presos políticos que han muerto en custodia desde 2014: Seis civiles y dos militares.

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el cuerpo de seguridad que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos del año 2020, con 191 personas detenidas. Le siguen, con 43 detenciones, la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con 42 detenciones.

El año 2020 se caracteriza también por la publicación de las conclusiones tanto de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana De Venezuela de la ONU (informe del 15 de septiembre de 2020) como de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (informe del 14 de diciembre de 2020), los cuales señalaron que existen fundamentos razonables para creer que funcionarios o agentes del régimen venezolano han cometido crímenes de lesa humanidad, constituidos por diversos asesinatos, torturas, desapariciones forzosas y detenciones arbitrarias con fines políticos que han ocurrido en Venezuela.

Por otra parte, desde marzo de 2020 se impuso en el país un estado de alarma, sustentado en el decreto N° 4.160 de fecha 13 de marzo de 2020, dictado por Nicolás Maduro. Dicho decreto estableció serias restricciones a los efectos de instaurar la cuarentena en Venezuela por la pandemia de COVID-19. Se observó que algunas autoridades asumieron el control total de la población más allá de lo indicado en dicho decreto. Se tuvo información de casos de personas que fueron detenidas de manera masiva (en grupos) varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad, por no usar mascarillas o no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que de manera arbitraria se implantaron en cada región del país. También se observó gran cantidad de detenciones ocurridas en protestas pacíficas de ciudadanos, la gran mayoría por fallas en los servicios básicos y por la escasez de gasolina y racionamiento de este combustible.

Es de notar que el 94% de las detenciones políticas en el año 2020 fueron practicadas luego de la entrada en vigencia del estado de alarma.

En los primeros meses de vigencia del estado de alarma fueron prohibidas las visitas en los centros de reclusión, tanto para los abogados como para los familiares de las personas detenidas. Además, fue restringido el acceso a los tribunales que llevan las causas, por lo que ejercer las defensas de estas personas fue muy complicado y algunos casos, imposible, violentándose el derecho de acceso a la justicia, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Otra práctica represiva que se mantuvo este año fue la desaparición forzada de personas. Registramos muchos casos en los que, tras ser detenidas arbitrariamente por agentes del Estado, las personas fueron desaparecidas, en muchos casos, hasta el momento de su presentación ante los tribunales para ser procesados por delitos de naturaleza política que no cometieron. La presentación ante los tribunales también, en muchos casos, se produjo cuando ya estaba vencido con creces el plazo constitucional y legal de 48 horas continuas, contadas a partir del momento del arresto.

Este año continuó la persecución y los ataques públicos, a través de medios de comunicación estatales, contra organizaciones y defensores de derechos humanos y periodistas considerados de oposición. Y el comienzo del 2021 llama la atención por los ataques directos contra medios de comunicación y trabajadores humanitarios. El 8 de enero de 2021, fueron incautados los equipos de transmisión del medio de comunicación digital VPITV conllevando al cierre de sus operaciones en Venezuela. Asimismo fueron amenazados y criminalizados por el gobierno otros medios de comunicación por la supuesta recepción de financiamiento internacional. Por su parte, el 12 de enero de 2021, fue allanada la sede de la ONG humanitaria Azul Positivo en el Estado Zulia, y detenidos 5 de sus miembros, quienes quedaron privados de libertad en el sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) por orden de un tribunal.

En noviembre de 2020 un grupo de 29 venezolanos, entre ellos 16 niños y adolescentes fueron detenidos y mantenidos en una estación policial en Trinidad y Tobago, tras inmigrar sin autorización por vía marítima hacia ese país. En diciembre se supo extraoficialmente que otra embarcación con ciudadanos venezolanos que intentaban emigrar hacia la referida isla de Trinidad y Tobago, habría naufragado con la cifra de 25 personas fallecidas. Esta situación, a pesar de no tratarse concretamente de víctimas directas de la represión política, es producto del estado de represión que se vive en Venezuela que afecta la vida de los venezolanos en términos amplios.

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