REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. FEBRERO 2024

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REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. FEBRERO 2024

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

El 15 de febrero, el canciller del Gobierno de Nicolás Maduro, Yvan Gil, anunció que se suspenderían las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, la cual fue instalada en el año 2019. El comunicado oficial señala: “Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días, razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”.

 Al 29 de febrero, son 264 las personas catalogadas por el Foro Penal como presos políticos.

Este mes los “detenidos políticos”, fueron 3 personas; entre ellos una mujer y un militar retirado.

Resalta este mes la detención de la activista Rocío del Carmen San Miguel Sosa, de nacionalidad venezolana y española, acusada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y conspiración. Su detención arbitraria estaría siendo vinculada con la denominada “Operación “Brazalete Blanco”, un supuesto plan cuyo objetivo final sería el asesinato de Nicolás Maduro.

Relacionado con estos mismos hechos, también fue detenido el coronel retirado Alejandro José González De Canales Plaza, ex pareja de Rocío San Miguel, acusado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la Nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.

Ambos fueron víctimas de desaparición forzada, ya que desde su detención fueron incomunicados. También les fue negado su derecho a nombrar un abogado de su confianza como defensor. Quedando privados de libertad por orden del Tribunal Especial Segundo en Funciones de Control, con competencia en casos relacionados con delitos asociados al terrorismo.

 

 

 

 

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