REPORTE SOBRE LA REPRESIÓN EN VENEZUELA. NOVIEMBRE 2020

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RESUMEN EJECUTIVO

La cifra de presos políticos en el país se ha mantenido por encima de las 300 personas durante los últimos meses. Específicamente, al 30 de noviembre existen 359 personas privadas formalmente de libertad, catalogadas por el Foro Penal como presos políticos.1 Por lo que respecta a las cifras de personas detenidas arbitrariamente con fines políticos, entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2020, se reportaron 413 arrestos. Este mes comenzaron a reanudarse gradualmente algunas audiencias en tribunales. Es de notar que las audiencias y las actividades judiciales en general fueron suspendidas en todo el país desde marzo de 2020 (fecha en la cual se decretó el estado de alarma en Venezuela).

También recientemente se ha permitido la visita de abogados a la sede de la DGCIM ubicada en la urbanización Boleíta en Caracas y algunos detenidos han establecido comunicación telefónica y videollamadas con sus abogados y familiares. Entendemos que esta flexibilización reportada en algunas actividades, es parte del esquema denominado “7+7” , ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro en el cual, si bien se mantiene el estado de alarma, se han flexibilizado algunos sectores económicos y operaciones, durante ciertos días de la semana.

En noviembre, un grupo de 29 venezolanos, entre los que se encuentran 16 niños y adolescentes, fueron detenidos y mantenidos en una estación policial en Trinidad y Tobago, tras inmigrar sin autorización por vía marítima hacia ese país. El 22 de noviembre fueron deportados hacia Venezuela en una embarcación sin techo escoltados por la Guardia Costera trinitaria hasta el borde de su mar territorial. Resalta que, al menos cuatro de los niños viajaban sin sus padres o algún representante. No se supo del paradero de la embarcación y sus tripulantes por 30 horas aproximadamente. El 23 de noviembre, en horas de la tarde, los migrantes se comunicaron vía telefónica con sus familiares e informaron que estaban en una de las barras del Delta Amacuro, en una comunidad indígena de la etnia Warao. Al siguiente día, regresaron a Trinidad y desembarcaron en Playa Lucero. Tras llegar nuevamente a Trinidad, fueron detenidos y llevados a la estación de policía de Erin. Los niños mostraban signos de deshidratación, entre otros síntomas. El 24 de noviembre de 2020, el Foro Penal presentó una solicitud de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando la protección de los 16 niños y que se detuviera su deportación. Recibida la petición del Foro Penal, la CIDH solicitó información al gobierno trinitario sobre la situación de los niños, pero al cierre de este reporte de represión, el gobierno trinitario no ha respondido. Esta situación a pesar de no tratarse concretamente de víctimas directas de las represión política, consideramos que el exilio forzado de venezolanos es producto del “estado de represión” que se vive en Venezuela que afecta la vida de los venezolanos en términos amplios.

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