Fundeci y Provea denuncian violación al debido proceso a detenidos
Organizaciones No Gubernamentales sostienen que a personas detenidas durante protestas se les violan sus derechos humanos y existen irregularidades de parte de los jueces en los tribunales.
Caracas.– En el marco de las recientes protestas en rechazo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro los cuerpos policiales han realizado 1540 arrestos desde el 4 de abril hasta este martes, según comunicó el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.
En estos procesos de detención, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Fundando Derechos Civiles y Equidad (Fundeci) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) han denunciado la violación a los derechos humanos de los ciudadanos así como detenciones arbitrarias que van en contra de lo establecido en la ley y la Constitución.
Elenis Rodríguez, presidenta de Fundeci, explicó a El Universal que una detención arbitraria es cuando los cuerpos de seguridad se llevan a ciudadanos que están manifestando pacíficamente, pues estarían violentando el artículo 68 de la Constitución. Asimismo, los abogados de la ONG han evidenciado que detienen a personas que no tienen nada que ver con la protesta, que estaban pasando por el sitio porque están residenciados o trabajan en la zona.
Fundeci se dedica a orientar y promover, así como otorgar herramientas de conocimiento y participación para el ejercicio pleno de los derechos humanos en Venezuela. Actualmente ofrecen asesoría jurídica gratuita a personas detenidas de forma arbitraria.
Desde el 4 de abril los abogados de Fundeci han visto un comportamiento irregular en los jueces, porque cuando el Ministerio Público solicita la libertad con una medida sustitutiva de libertad, “todos los jueces se han tomado la tarea de ordenar la medida cautelar pero con constitución de fianza”, la cual Rodríguez considera que es una privativa de libertad, debido a que hasta que no se presenten los fiadores que solicita el juez la persona se mantiene detenida.
Los jueces suelen solicitar dos o tres fiadores que ganen entre 150 y 180 unidades tributarias, estos deben cumplir con los requisitos de rigor y ser verificados. Ese informe es pasado al tribunal de la causa por la oficina verificadora. Luego los fiadores deben presentarse ante el tribunal, firmar el acta de compromiso y es entonces cuando se ordena la boleta de excarcelación del apresado.
Sin embargo, la abogada Rodríguez destacó que existe un problema al momento de llevar a cabo la liberación porque “los jóvenes están presos en el Sebin y de un tiempo para acá su director (Gustavo González López) tiene una modalidad de que él es quien decide quién sale o no. Esperamos que esta vez sí acate la orden del tribunal de control”.
La presidenta de Fundeci señaló que los detenidos suelen ser estudiantes que han sido golpeados en el momento de la detención y otros que han sido torturados.
Hay casos de jóvenes que están bajo “coacción” y “tortura”, para obligarlos a nombrar figuras de la vida política, diputados, altos dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para implicarlos en los delitos “maquillados que tiene el Gobierno pero que necesitan una confesión bajo los términos de tortura, para poder tener argumentos para solicitar la orden de aprehensión contra diputados o altos dirigentes de la MUD”, según aseguró Rodríguez.
Por su parte, Inti Rodríguez, coordinador de investigación de Provea, denunció que existen muchos casos de ciudadanos que no han sido presentados ante el Ministerio Público en el lapso correspondiente de 48 horas, lo que corresponde a una detención arbitraria de parte de las autoridades.
También señaló que han ocurrido casos en los que “los detenidos son obligados a designar un defensor público y en muchas ocasiones estas personas han sido chantajeadas por tribunales a que acepten la culpa de los delitos que se les están imponiendo y que con ello serán puestos en libertad tras una medida cautelar sustitutiva”. Si esto sucede se vulnera el proceso, convirtiéndolo en nulo e írrito.
Sobre los cargos que se le acusan a los aprehendidos, expresó que se está justificando a través del Código Penal Venezolano, la imputación del cierre de vías dirigido a causar un peligro a la comunidad.
“Hay que recordar que el cierre de vías es un mecanismo histórico de protesta en Venezuela y no necesariamente significa un hecho de violencia”, afirmó el coordinador de investigación de Provea.
Rodríguez destacó la importancia de denunciar las violaciones a derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo y todas las entidades posibles, debido que se debe llevar un registro y una documentación de estos hechos.
“Siempre consideramos e insistimos que hay que agotar todos los recursos. Es necesario acudir y dejar los registros de que se están haciendo las actuaciones para garantizar la restitución de los derechos humanos así este organismo no actúe”, aseveró la organización
Provea ofrece asesoría jurídica gratuita y acompañamiento en materia de visibilización, documentación, investigación de las distintas violaciones a los derechos humanos que ocurran en el país.
Finalmente, afirmó que todos los funcionarios, jueces o autoridades que permitan la violación de derechos humanos deberán responder a la justicia “no ahora inmediatamente sino en un futuro, pues la violación de los derechos humanos no prescribe”.
Ambas ONG coinciden en que muchos casos de los que manejan son de personas que han sido golpeadas, maltratadas, amenazadas e incluso torturadas para conseguir confesiones, actos que constituyen una violación a los derechos humanos y lo establecido en la Constitución.
También sostienen que los cargos más comunes que se les imputan a las personas detenidas durante una manifestación son de instigación pública, detentación de artefactos explosivos, agavillamiento, instigación a delinquir y resistencia a la autoridad.
Fuente: El Universal.