Prueba antropométrica solicitará defensa de jóvenes acusados de agredir a PNB

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La abogada Mafer Torres, del Foro Penal Venezolano, denunció que los jóvenes han sido coaccionados por medio de golpes y torturas para que acusen a dirigentes de la oposición de haber sido quienes les pagaron para que cometieran el hecho

 Realizar una experticia antropométrica para determinar si son o no los autores materiales del hecho solicitó la defensa, a cargo de abogados del Foro Pena Venezolano, de los siete jóvenes acusados de la agresión a una funcionaria de la PNB ocurrida el 18 de mayo pasado, durante una marcha al CNE convocada por la Unidad Democrática.

La abogada Mafer Torres, del FPV, informó que la solicitud fue formulada durante la audiencia de presentación que se inició el pasado domingo y concluyó la madrugada de este miércoles, en la cual la jueza del Tribunal 4to de Control decidió la privación de libertad para Jeremy Bastardo Lugo, José Gregorio Hernández, Jefferson Araguache, Daniel Morales y Deivis Hernández, y otorgó libertad cautelar con presentación cada 30 días para Luis Theis y Richard Rondón.

«Los cargos que imputó el Ministerio Público y que la juez acogió en su totalidad, son por homicidio agravado frustrado, instigación pública, agavillamiento y daños a la propiedad. A José Gregorio Hernández se le imputó por homicidio agravado frustrado y lesiones genéricas», precisó Torres.

El comisario Ángel Coromoto Rodríguez, jefe de escoltas del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y quien también se encuentra detenido en la sede de El Helicoide del Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia (Sebin) por su presunta vinculación con el hecho, se espera que sea presentado nuevamente ante un tribunal, entre hoy y mañana, para que conozca los supuestos delitos que se le imputan.

La abogada denunció los tratos crueles a los que han sido sometidos los detenidos por parte de funcionarios del Sebín. «En líneas generales, todos fueron consistentes en su declaración en cuanto a que recibieron golpes en distintas partes del cuerpo durante su detención en instalaciones» de ese cuerpo de seguridad. Por tal razón, la juez ordenó que se les practicara un examen médico forense, el cual no se les realizó, aseguró.

Antes de abandonar la sala de audiencias la juez informó de su decisión de recluir a Hernández (Davis), Araguache y Morales en el Rodeo II, y a José Gregorio y a Bastardo en Yare I, por lo cual los abogados defensores le pidieron que no los enviará a esos sitios, dado que son muy jóvenes, con edades que oscilan entre 18 y 33 años. La juez accedió y ordenó dejarlos en la sede del Sebin de El Helicoide. «Pero, quién les garantiza su seguridad e integridad física si fueron puestos a la orden del mismo órgano que los torturó», planteó Torres.

Asimismo, informó que el pasado domingo, en horas de la tarde, fueron trasladados a la cárcel 26 de julio en San Juan de Los Morros, Guárico, donde los uniformaron y les rasparon el cabello. «Esto es una injusticia, los están tratando como delincuentes ya condenados, como lo demuestra el hecho de ponerles un uniforme y raparles la cabeza sin siquiera haber sido presentados ante el tribunal de control, proceso que apenas comenzó el lunes», argumentó la letrada.

 

La tortura como método

La abogada indicó que la experticia antropométrica podrá determinar si estos muchachos son los mismos que aparecen en el vídeo que ha circulado por las redes sociales y los medios de comunicación, en el cual se aprecia el momento en el que  una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es golpeada por varios hombres. «Hasta ahora, lo único que tenemos son las versiones de los funcionarios policiales y lo que dice la Fiscalía», aseguró Torres.

Por ejemplo, la Fiscalía ha dicho que Deivis Hernández, de 24 años, es uno de los que aparece en ese vídeo. «Deivis es un indigente, un señor en situación de calle que duerme en el puente de la UCV y que vive gracias  a las propinas que recibe por cuidar carros en una arepera en Plaza Venezuela, en cuyas inmediaciones fue detenido», aseguró la abogada.

«Daniel Morales, de 18 años, ni siquiera fue a la marcha. Ese día, cerca del mediodía, salió de clases – acaba de empezar sus estudios universitarios en la Alejandro de Humboldt – y al darse cuenta de que las estaciones del Metro estaban cerradas, comenzó a caminar para buscar una vía alterna. Había quedado en encontrarse con su mamá en un punto donde ella lo pasaría recogiendo. Pero cuando pasaba por la sede del Sebin de Plaza Venezuela, un comisario le aplicó una llave por la espalda y, sin mediar palabra, lo detuvo».

Asimismo, refirió que el acta policial indica que todos fueron detenidos en la avenida Las Acacias, la  que conduce hacia la avenida Libertador, a la altura de La Previsora y  la residencia estudiantil Livia Gunerneur. Pero las versiones de los muchachos difieren del informe policial.

Richard Rendón, de 33 años, vigilante, hecho que demostró con su constancia de trabajo, estaba esperando en un edificio, junto a un compañero de trabajo, a su esposa, quien es empleada doméstica. «Pero llegó la PNB, se metió en el edifico, lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron. Sin mediar palabras».

José Gregorio Hernández tampoco participó en la manifestación. Fue detenido dos días después en su lugar de trabajo, una sucursal del Banco de Venezuela ubicada en la avenida Urdaneta. «Llego el viernes en la mañana y los funcionarios de seguridad del banco le dijeron que debían llevarlo a la oficina de seguridad y, al hacerlo, se encontró con que lo esperaba su jefe, quien le hizo firmar la renuncia. Permaneció hasta las 3 de la tarde en esa oficina, hasta que llegaron efectivos del Sebin y se lo llevaron».

«Luis Antonio Theis nos dijo que no estaba ni remotamente cerca del lugar donde ocurrieron los hechos que se le imputan.  Solo estaba en el sitio equivocado cuando lo detuvieron», apuntó la abogada.

Jefferson Araguache, un obrero de la construcción que está trabajando actualmente en una obra de remodelación que se está realizando cerca de Bellas Artes, estaba con unos familiares en el centro comercial CitiMarket, en Sabana Grande. «Cuando salieron y vieron que la estación del Metro estaba cerrada, comenzaron a caminar en dirección al hotel Meliá Caracas, cuando llegó la policía y lo detuvo por detrás. Tampoco mediaron palabras», contó Torres.

«A Jeremy Bastardo Lugo, también de 18 años, lo agarraron en la plaza Altamira aproximadamente a las 4 de la tarde del mismo miércoles. No lo detuvieron en la avenida Libertador ni inmediatamente después de haber, supuestamente, agredido a los funcionarios policiales», agregó.

Torres también se refirió al caso del menor de edad – por lo cual se resguarda su identidad – que «confesó ante la juez del caso que lo habían obligado a decir que había sido el comisario Coromoto Rodríguez quien había pagado cierta cantidad de dinero para que ellos (los detenidos) cometieran el hecho. Ese menor fue presentado el día viernes y está en libertad cautelar bajo fianza», informó.

«A los otros siete les han hecho lo mismo. Les han mostrado fotos de diputados como Juan Requesens y otro por el Táchira (el nombre no lo recordó en el momento), de María Corina Machado, de Henrique Capriles, y les han preguntado si los conocían, si son los que los mandan y si son los que les pagan. Todos fueron inducidos y coaccionados por medio de golpes y torturas para que dijeran que ellos son pagados por la oposición. A unos les mostraron a María Corina, a otros a Capriles, a otros al comisario Coromoto», indicó Torres.

 

La situación del comisario Rodríguez

Aunque el comisario Rodríguez está siendo defendido por el abogado Omar Estacio, Torres informó detalles de su actual situación, dado que está involucrado en la misma causa.

En tal sentido informó que aunque la juez del caso había ordenado el lunes su libertad plena, al no encontrársele elementos suficientes para imputarlo, el día de ayer la Fiscalía 20 Nacional solicitó una nueva orden de aprehensión, lo cual «es ilegal, porque se supone que si alguien es detenido es porque hay indicios de que cometió un delito, y al momento de presentarlo ante un tribunal se deben presentar todos los soportes que sustenten esa acusación. Si el lunes no había ningún sustento en su contra ¿cómo va a ser que el martes si lo haya?

«Lo soltaron y salió de la sala de audiencias, pero como había una nueva orden de captura, lo volvieron a detener. Ahora deben presentarlo de nuevo ante un tribunal – lo legal es dentro de las 48 horas – para que realicen la imputación formal y donde la Fiscalía deberá decir cuáles son los elementos con los que cuenta para imputarle algún delito».

«En este momento está detenido preventivamente por la nueva orden de captura hasta que sea puesto a la orden del tribunal. Puede ser presentado en cualquier momento de hoy o mañana», concluyó.

 

 

Fuente: Prensa MUD

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